Incluyen aquellas conductas que atentan contra el buen funcionamiento, la imparcialidad y la integridad de los poderes públicos. Su objetivo es proteger la legalidad, la eficacia y la honestidad de la Administración pública, así como la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Pueden dividirse en varias categorías según la conducta delictiva y el sujeto que la comete.
- Delitos cometidos por funcionarios públicos contra la Administración, en los que se protege la legalidad y el correcto desempeño de las funciones públicas. Sus principales tipos son:
- Prevaricación: dictar a sabiendas una resolución injusta.
- Cohecho: recibir, solicitar o aceptar dádivas a cambio de favores.
- Malversación de caudales públicos.
- Tráfico de influencias.
- Negociaciones prohibidas.
- Fraudes y exacciones ilegales.
- Delitos cometidos por particulares contra la Administración. Aquí el sujeto activo no es funcionario público, pero su conducta afecta o interfiere en el funcionamiento de la Administración. Se incluyen los siguientes:
- Desobediencia y resistencia a la autoridad.
- Quebrantamiento de condena.
- Encubrimiento.
- Realización arbitraria del propio derecho.
- Denuncia falsa y falso testimonio.
