Inicio > Áreas de trabajo
Especialización, rigor y eficiencia
Ofrecemos asistencia letrada en todas las áreas del Derecho penal, con rigor técnico y una estudiada estrategia dirigida a obtener el mejor resultado posible.
Especialistas en Derecho penal
En Roig & Bergés & Martínez Abogados penalistas somos especialistas en Derecho penal. Contamos con una amplia trayectoria en todo tipo de procedimientos penales, tanto por delitos económicos y de empresa, como contra las personas. Nos guía el rigor técnico, que ponemos al servicio de una trabajada estrategia procesal. Actuamos en todas las instancias judiciales y ante cualquier órgano jurisdiccional, incluyendo la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. También ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fiscalía. Nuestra especialización nos permite ofrecer una defensa penal rigurosa y eficiente.
Áreas de especialización y trabajo
Derecho penal económico y delitos cometidos en el seno de la empresa
Rama del Derecho penal que castiga conductas delictivas cometidas en el ámbito de la actividad económica o empresarial, como estafas, apropiaciones indebidas, alzamientos de bienes, falsedades, delitos fiscales, delitos societarios, contra los derechos de los trabajadores, contra el medio ambiente, contra la propiedad industrial e intelectual y descubrimiento y revelación de secretos de empresa.
Delitos contra las personas
Comprenden conductas que lesionan o ponen en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas. Incluyen el homicidio, las lesiones, los delitos sexuales, las detenciones ilegales, las amenazas, las coacciones e injurias y calumnias, entre otros.
Delitos contra la seguridad colectiva
Incluyen conductas que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad, como el tráfico de drogas, los delitos contra la seguridad vial (alcoholemia, conducción sin puntos…), atentados contra la autoridad, resistencia y desobediencia y los desórdenes públicos.
Delitos relacionados con el ámbito familiar
Hablamos de los delitos de violencia de género o violencia doméstica, así como de aquellas conductas que atentan contra el correcto funcionamiento de la familia y suponen un incumplimiento grave de los deberes familiares. Entre estas últimas se incluyen el quebrantamiento de los deberes de custodia, la sustracción de menores y el impago de pensiones.
Delitos contra la Administración
Delitos que atentan contra la legalidad y el buen funcionamiento de la Administración pública y de justicia, cometidos por funcionarios o por particulares cuando interfieren en el ejercicio legítimo de funciones. Comprenden conductas como la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación, la denuncia falsa, el falso testimonio y el quebrantamiento de condena, entre otros.
Derecho penal del menor
Regula la responsabilidad penal de las personas entre 14 y 18 años, con un enfoque educativo y resocializador. Se aplica a través de un procedimiento especial que prevé medidas como la libertad vigilada, el internamiento o la realización de tareas socioeducativas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Institución que permite imputar responsabilidad penal directa a empresas y entidades por delitos cometidos en su beneficio por sus representantes o empleados.
Responsabilidad civil derivada de delito
Consecuencia patrimonial que obliga al autor del delito —y en su caso a terceros responsables— a reparar el daño que haya causado. Comprende la restitución de los bienes, la reparación del daño y la indemnización por los perjuicios materiales y morales sufridos por la víctima.
Derecho penitenciario
Conjunto de normas que regulan la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad, así como los derechos y deberes de los internos en centros penitenciarios.
Procedimientos de extradición y Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE)
El procedimiento de extradición es un mecanismo jurídico por el que un Estado entrega a otro a una persona acusada o condenada por un delito para que sea juzgada o cumpla su condena. Este instrumento de cooperación judicial es sustituido por la OEDE cuando es entre Estados miembros de la UE.
Cancelación de antecedentes penales y policiales
Procedimiento que permite eliminar los registros de antecedentes una vez cumplida la condena y transcurrido el plazo legal sin reincidencia. También procede en casos de sobreseimiento libre y provisional, una vez hayan transcurrido los plazos legales para ello. Garantiza la plena reintegración social del penado y la protección de su derecho al honor y a la intimidad.
Contacta con nosotros
Ausiàs Marc, 20, 2º 1ª, 08010, Barcelona
931 790 726
info@rbmpenalistas.com
Preguntas frecuentes
Resolvemos las dudas más habituales sobre la detención e investigación por la presunta comisión de un delito y sobre la responsabilidad penal de las empresas.
¿Necesito un Abogado penalista si me han detenido?
Sí, el detenido debe ser asistido de Abogado. Dicha asistencia es una manifestación del derecho fundamental a la defensa y el detenido tiene derecho a designar a su propio Abogado desde la detención. Contar con un Abogado especializado entonces garantiza una mejor defensa.
¿Cuánto dura un proceso penal en España?
Depende del tipo de procedimiento y su complejidad. Algunos se resuelven en pocos meses, mientras que otros pueden durar años. Si bien la instrucción tiene un plazo limitado legalmente, éste es prorrogable. En cualquier caso, una dilación indebida en la tramitación del procedimiento debería traducirse en una atenuación de la pena, en caso de condena, siempre que aquélla no sea imputable al acusado.
¿Puedo cambiar de Abogado durante la tramitación del procedimiento penal?
Sí, en cualquier momento. Es un derecho fundamental.
¿Qué hago si me citan para declarar como detenido o investigado?
Conviene actuar con rapidez y contactar lo antes posible con un Abogado penalista. El tiempo es fundamental para poder instruirse del procedimiento y poder preparar la mejor estrategia.
¿Qué responsabilidad penal puede tener una empresa según la ley española?
Desde 2010, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por ciertos delitos cometidos por directivos o empleados, siempre que redunden en su beneficio. Las sanciones pueden comportar hasta el cierre de la empresa. Se trata de una responsabilidad que puede convivir con la de sus directivos y empleados, no es excluyente.